Díaz Ayuso visita con Guardiola la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre supondría un daño irreversible a España y la pérdida del 15% de la energía eléctrica madrileña
Las dos mandatarias autonómicas firmaron una declaración institucional reclamando la prolongación de la vida útil de esta infraestructura, ante la decisión del Gobierno central de apagarla en 2027.
El cese de operaciones de la central causará un daño irreversible a España, que no cuenta con infraestructura tecnológica necesaria y no está preparada para reemplazar a la energía nuclear.
La suspensión de actividad en Almaraz pone en riesgo el suministro en zonas de alta demanda como la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que genera el 15% de la energía en la región, con una necesidad cada vez mayor por la creciente apertura de centros de datos.
Recientes estudios constatan que el fin de estas centrales provocaría un aumento del 23% de la factura de la luz para hogares y pequeñas y medianas empresas, con un coste de 22.500 millones de euros.
Supondrá, además, una pérdida de alrededor de 30.000 puestos de trabajo, la mayor parte en municipios rurales en riesgo de despoblación, a los que se privaría del 70% de sus ingresos.
La energía nuclear, considerada en 2022 por la Unión Europea como energía verde, es clave para España y representa el 21% de su generación eléctrica, evitando la emisión de alrededor de 30 millones de toneladas de CO₂ al año y contribuyendo la reducción de los gases de efecto invernadero.
En los últimos cinco años se ha incrementado en torno al 70% la carga fiscal a las empresas para desincentivarlas y que no inviertan en energía nuclear, decisión que va en contra de la industria, el empleo, las familias, la digitalización
Se llega incluso a comprometer la seguridad nacional. En caso de cierre, España sería más dependiente de los combustibles fósiles, sobre todo del gas proveniente de Rusia.
Por todo ello, Díaz Ayuso reclama necesario emular la continuidad de dos nucleares en Bélgica, que cuentan ahora con el beneplácito de la comisaria europea Teresa Ribera y ayudas de 32.000 millones de euros para que sigan abiertas.
Y exige al Gobierno central que aplique una política exenta de ideología, con rigor científico y técnico y que cuide del medio ambiente, la industria, el empleo y la autonomía energética de España