La Comunidad de Madrid prepara una Aceleradora Urbanística para generar más suelo para vivienda y reducir a la mitad los plazos burocráticos


Este nuevo órgano colegiado servirá para agilizar la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial, a partir de la centralización y seguimiento de los plazos de emisión de los informes sectoriales necesarios para su aprobación. Así, permitirá que se pueda realizar de manera conjunta la gestión de todos ellos.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico reducirá a la mitad los plazos en aquellas actuaciones consideradas de especial relevancia. De este modo, serán preferentes los planes de ordenación que contengan actuaciones con positiva incidencia territorial, económica, social o cultural.

Estarán incluidos los instrumentos de planeamiento para la implantación de redes públicas, así como el conjunto de los elementos de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que se relacionan entre sí. También los planes estratégicos municipales de poblaciones de menos de 20.000 habitantes y los planes territoriales.

Asimismo, se encontrarán dentro de esta consideración los instrumentos de planeamiento que incorporen actuaciones que supongan la consolidación o crecimiento sostenible del parque inmobiliario residencial, para acoger al menos a un 20% adicional a la población de derecho en localidades de menos de 5.000 habitantes, y a un 10% en los de más de 5.000.

La Aceleradora Urbanística estará adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, competente en materia de urbanismo. Tendrá carácter interdepartamental, estará asistida por una unidad técnica coordinada por tres expertos de la Dirección General de Urbanismo y contará con un Área dotada de los recursos personales y presupuestarios necesarios. Además, se creará una aplicación informática destinada a la petición y recepción de los informes sectoriales.

Asimismo, se prevé que pueda sumar a otras administraciones si, en el futuro, se incorporan representantes de otras intervinientes en el proceso, como la Dirección General de Carreteras o la de Aviación Civil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

 



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