La Comunidad de Madrid lidera el sector de los centros de datos en España con casi el 55% de la capacidad total instalada
Este sector, considerado infraestructura crítica para el desarrollo económico y digital, impulsa servicios esenciales en la administración autonómica, como la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), Cuenta Digital y gestiones y trámites que se realizan ya de forma digital.
Con el nuevo decreto de deficiencia energética que quiere imponer el Ministerio de Transición Ecológica podría impedir que la Comunidad de Madrid siguiera siendo líder, como hasta el momento, y le restara competitividad con otras regiones europeas.
Por este motivo, el Gobierno autonómico, está analizando el proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica sobre eficiencia energética y sostenibilidad de los CPDs, y presentará observaciones para evitar una posible sobrerregulación que afecte a la competitividad internacional del sector.
En 2024, su crecimiento en la región fue del 33% respecto al año anterior, con una capacidad en servicio de 216 Megawatios (MW), que alcanzarán previsiblemente los 522 MW cuando las infraestructuras en construcción comiencen a operar. Las previsiones también estiman que Madrid alcance una capacidad total de hasta 1,7 Gigawatios (GW) en 2030, con potencial para llegar hasta los 3,9 GW en función de los proyectos en marcha.
Estos datos sitúan a la Madrid como el hub digital del sur de Europa, ocupando la quinta posición de la eurozona, por detrás de Londres, Fráncfort, Ámsterdam y París. De hecho, entre 2021 y 2024, la región ha incrementado su capacidad instalada en un 89,3%, muy por encima del crecimiento registrado en estos enclaves europeos, considerados como los principales nodos digitales del continente.
Impacto económico y laboral
El informe también destaca el impacto económico y laboral del sector, que actualmente genera unos 8.300 empleos en la Comunidad de Madrid y se espera que esa cifra ascienda a 35.000 puestos de trabajo en 2030. La inversión prevista en los próximos tres años asciende a 23.400 millones de euros, de los cuales 8.700 millones corresponderán a inversión directa y 14.700 millones a indirecta. Por último, el informe destaca la necesidad de una regulación equilibrada y competitiva.