La Comunidad de Madrid alerta de los riegos del Real Decreto estatal sobre los Centros de Procesamiento de Datos por afectar a la competitividad del sector
Madrid se sitúa a la cabeza del ranking nacional, con un total de 46 infraestructuras (35 en funcionamiento y 11 en construcción) y el 54,8% del total de la capacidad instalada en España, muy por delante de Aragón (30%) y Cataluña (12%). Por ello, tras un análisis del texto propuesto realizado por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se alerta de los riesgos que puede suponer para el futuro de esta industria estratégica la entrada en vigor del nuevo marco normativo.
Tal y como indican las observaciones remitidas, el proyecto de Real Decreto va más allá de lo exigido por la Unión Europea en su Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, ampliando la lista de indicadores obligatorios a cuestiones socioeconómicas, territoriales o de tráfico de datos, que nada tienen que ver con la eficiencia energética.
Uno de los puntos más controvertidos está en el artículo 7, que condiciona el acceso y conexión de los CPD a la red eléctrica al cumplimiento previo de unos compromisos ambientales, que no existen en ningún otro país de la UE. Estos requisitos, que para el Ejecutivo autonómico son desproporcionados, situarían a la Comunidad de Madrid -y a toda España- general, en clara desventaja frente a otros destinos europeos más ágiles y con menos imposiciones burocráticas.
Asimismo, la disposición transitoria única extendería estas exigencias a proyectos ya en tramitación, lo que podría vulnerar la Constitución en materia de retroactividad y seguridad jurídica.
Eficiencia energética como eje prioritario
La Comunidad de Madrid defiende que la eficiencia energética debe seguir siendo un eje prioritario, pero no con normas que ahuyenten proyectos y frenen la inversión e innovación. En este sentido, el sector de los centros de procesamiento de datos es fundamental no solo para la economía digital, sino también para la transición energética, ya que aporta flexibilidad a la red y puede integrarse con renovables y almacenamiento.
Según estimaciones de esta industria estratégica, España podría atraer más de 58.000 millones de euros de inversión hasta 2030, de los cuales, una parte muy significativa se concentraría en la Comunidad de Madrid. Una regulación excesivamente rígida podría reducir esa cifra a apenas 12.500 millones, con un fuerte impacto negativo en el empleo, la innovación y el liderazgo tecnológico de todo el país.