La Comunidad de Madrid inicia la tramitación de la nueva Ley que reconocerá al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar
Esta normativa se enmarca en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26 de la Comunidad de Madrid y pretende garantizar una cobertura específica en beneficio de las familias. La región será la primera CCAA en dar este reconocimiento con carácter general, ya que Galicia cuenta con una ley similar pero que aplica solo a las numerosas.
Así, en el ámbito de las competencias de la Administración regional, esta nueva norma se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo. De esta forma, las familias tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar; entre ellas, becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar o al alquiler joven.
Además, quienes tengan dos hijos y estén esperando un tercero podrán acceder a las ventajas propias del título de familia numerosa. Esta medida también se extenderá a las ayudas fiscales, como la deducción en el impuesto sobre la renta, por gastos escolares, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.
Una vez que la Ley autonómica entre en vigor, aquellas mujeres embarazadas podrán solicitar estas subvenciones, acreditando el embarazo a través de la presentación en el procedimiento de un informe médico. Por último, para garantizar la aplicación de la Ley en el ámbito tributario, la normativa modificará las disposiciones legales correspondientes a aquellos cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo autonómico, además, viene desarrollando desde hace varios años iniciativas en esta misma línea, como las ayudas de 500 euros mensuales a madres gestantes menores de 30 años.
La Estrategia, en la que se inscribe esta futura norma, pretende fomentar la natalidad para luchar de forma eficaz contra el envejecimiento poblacional de la región; apoyar y proteger la maternidad y la paternidad para prevenir y acabar con los obstáculos laborales, económicos y sociales que dificulten la toma de decisión de tener hijos; y facilitar tanto la conciliación de la vida familiar, laboral y personal como la corresponsabilidad.