La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital prestarán atención integral a personas drogodependientes inmersas en procesos judiciales
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha trasladado que “la adicción a las drogas y la delincuencia suelen ir de la mano”. “Estas sustancias no sólo destruyen a quienes las consumen y a sus familias, sino que también están detrás de muchos casos de violencia, de delincuencia y de otros delitos muy graves. Por eso, hay que dar respuesta especializada desde todos los ámbitos, incluyendo el judicial”, ha sostenido.
Con este programa, se brindará asesoramiento técnico a magistrados, jueces, fiscales, abogados y otros profesionales de la Justicia, además de apoyo a los trabajadores del Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid, para ayudarles a elaborar informes y realizar actuaciones relacionadas con temas jurídico-penales que afecten a las personas a las que atiendan.
Asimismo, el proyecto incluye un equipo formado por psicólogos, trabajadores sociales y técnicos de laboratorio que estará operativo todos los días de la semana en turnos de mañana y de tarde en los Juzgados de Plaza de Castilla.
Esta colaboración servirá para unir esfuerzos con el objetivo de mejorar y facilitar las posibilidades de tratamiento y rehabilitación de las personas detenidas que tengan adicciones. Este servicio estará cofinanciado al 50% por ambas administraciones, aportando 300.983 euros cada una de ellas durante los dos años de vigencia, con posibilidad de prorrogarse.
Primer Plan Regional contra las Drogas
El Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid contempla 75 medidas dirigidas a la prevención y concienciación sobre estas sustancias, con especial atención en los más jóvenes. El 82% de las de este proyecto ya se han llevado a cabo en materia de prevención, atención, asistencia, reinserción, vigilancia y monitorización.
Entre ellas, destaca el reparto de más de 3.200 carteles-espejo en centros educativos, Metro de Madrid e intercambiadores de transporte; y el reciente protocolo que la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, firmó con el deportista español, Ilia Topuria, para concienciar a los jóvenes contra estas sustancias y el acoso escolar.