La Comunidad de Madrid impulsa una ley de medidas urgentes para crear más de 18.000 viviendas protegidas en cuatro años
La iniciativa, adelantada el pasado mes de noviembre por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tiene como objetivo aumentar la oferta de vivienda asequible y acelerar los plazos de construcción para adaptarlos a la demanda actual del mercado inmobiliario.
La normativa contempla incentivos urbanísticos que permitirán incrementar la capacidad edificatoria sin necesidad de consumir nuevo suelo. En concreto, se plantea ampliar hasta un 30% la densidad de las promociones y un 20% la edificación, lo que facilitará la construcción de un mayor número de viviendas en un mismo desarrollo. Esta medida forma parte de la estrategia del Ejecutivo regional para mejorar el acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias, una de sus prioridades desde 2019.
El Gobierno madrileño destaca que la región lidera la construcción de vivienda pública en España desde ese año, concentrando más del 40% del total nacional. Además, el Plan VIVE de alquiler asequible ha permitido ya la entrega de 5.300 viviendas mediante un programa de colaboración público-privada en una veintena de municipios, con la previsión de sumar otras 3.200 durante este año y alcanzar las 14.000 en 2027.
A estas iniciativas se suman medidas fiscales y financieras orientadas a facilitar el acceso a la vivienda. Desde 2019 se han aprobado 14 rebajas de impuestos vinculadas a este objetivo, muchas de ellas dirigidas a menores de 25 años. Asimismo, se ha ampliado de 40 a 50 años la edad máxima para acceder a avales para hipotecas, con una dotación de 25 millones de euros.
La región también ha sido pionera en la transformación de oficinas en viviendas de alquiler asequible, una medida que en apenas un año ha incorporado más de 8.000 inmuebles al mercado y ha beneficiado a unas 20.000 personas. En paralelo, el programa Mi Primera Vivienda ha reforzado su alcance elevando a 425.000 euros el importe máximo subvencionable para facilitar hipotecas con financiación del 100%.
En materia de inversión pública, en 2026 se incrementará en un 24% el presupuesto destinado a vivienda social, con el objetivo de entregar más de 700 de las 2.100 viviendas previstas durante la legislatura para familias en situación de vulnerabilidad. Además, se ha autorizado la construcción de vivienda protegida en parcelas privadas mediante el cambio de uso de suelos inicialmente destinados a alojamientos hoteleros.
La nueva estrategia se completa con ayudas específicas para familias numerosas y monoparentales, la recuperación del modelo de arrendamiento con opción a compra, la eliminación de tasas para la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos y medidas destinadas a aumentar la oferta de alquiler en pequeños municipios. Con este conjunto de actuaciones, el Ejecutivo regional busca dar respuesta a uno de los principales desafíos sociales y económicos de la región: el acceso a una vivienda asequible.