La Comunidad de Madrid aprueba el decreto que establece la revisión periódica de las normas y la caducidad de determinados reglamentos
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de decreto que establecerá una fecha de caducidad en los reglamentos autonómicos de carácter organizativo, así como la obligación de evaluar todas las normas cada cuatro años para comprobar su eficacia. Esta medida permitirá a los madrileños disponer de un marco jurídico actualizado, adaptado a sus necesidades y que les aporte mayor seguridad.
Esta iniciativa responde al compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de avanzar hacia una Administración más eficaz y orientada al ciudadano. La medida, que figuraba en el programa electoral de 2023, fue anunciada por la jefa del Ejecutivo autonómico en el último Debate sobre el Estado de la Región (DER).
La principal novedad del decreto es la incorporación del criterio de caducidad automática para las normas de carácter organizativo, es decir, aquellas que regulan la estructura interna de la Administración autonómica, sus órganos, competencias, procedimientos internos y funcionamiento. Estas disposiciones dejarán de estar vigentes una vez transcurridos cinco años desde su entrada en vigor, salvo que, tras el correspondiente análisis, se determine la conveniencia de mantenerlas. Quedan excluidos de esta medida los decretos de estructura orgánica y los órganos colegiados cuya creación venga establecida por una ley.
Asimismo, un sistema de evaluación permanente del ordenamiento jurídico autonómico (ex post) con el objetivo de detectar y suprimir disposiciones que hayan quedado desfasadas o hayan perdido su utilidad. Con carácter general, todo el ordenamiento jurídico regional deberá someterse a una revisión periódica, al menos cada cuatro años salvo que una ley establezca un plazo diferente.
Este análisis permitirá comprobar si las medidas adoptadas han alcanzado los objetivos previstos o si resulta necesario introducir cambios para adecuarlas a la realidad social y económica. El procedimiento incluirá una fase de consulta pública de, al menos, 15 días hábiles y culminará con un informe de la consejería competente, que propondrá su mantenimiento, modificación o derogación.
Se revisarán los procedimientos administrativos
Asimismo, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá presentar desde la entrada en vigor del decreto, una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos, para ampliar aquellos que se regulen, con el objetivo de priorizar el silencio positivo en beneficio de ciudadanos y empresas, favoreciendo una mayor seguridad jurídica en caso de falta de resolución expresa en plazo. Es decir, si la Administración no se pronuncia, se entenderá por autorizada la propuesta del ciudadano.
Por último, se introduce un procedimiento abreviado para la elaboración de determinadas leyes que, por su simplicidad, puedan tramitarse de forma más ágil y abreviada, siempre que hayan superado los controles y consultas preceptivos.
Este sistema permitirá acortar de forma considerable los plazos de tramitación, que hasta ahora oscilaban habitualmente entre tres y seis meses, reduciéndolos a aproximadamente un mes mediante un procedimiento similar al de lectura única. Para ello, se establecen plazos más breves para la emisión de los informes preceptivos y se prevé que determinados tramites se puedan realizar de manera simultánea para reducir plazos.
El principal objetivo de esta medida es simplificar y modernizar el marco normativo existente, eliminar cargas burocráticas, reforzar la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para empresas e inversores, y promover la actividad económica, atraer inversiones y talento, y facilitar los trámites a los ciudadanos.