La Ley de Defensa del Contribuyente refuerza la seguridad jurídica y obliga a la Administración a responder a los madrileños en tres meses
La nueva Ley de Defensa del Contribuyente de la Comunidad de Madrid refuerza la seguridad jurídica de los ciudadanos y establece la buena fe en su relación con la Hacienda autonómica, que tendrá un máximo de tres meses para contestar las peticiones del ciudadano. La Asamblea de Madrid ha aprobado esta normativa, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial regional BOCM), y que se aplica a impuestos cedidos como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Tributos sobre el Juego.
La Ley crea la Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituye al actual Defensor del Contribuyente con más medios técnicos y plazos exigibles. Tramitará las quejas por retrasos indebidos, incidencias electrónicas o mal trato y dará al órgano afectado 15 días hábiles para responder.
El texto incorpora además mecanismos de cortesía institucional. La Administración pedirá perdón cuando una sentencia firme declare que se vulneró un derecho del contribuyente y dará las gracias cuando una inspección termine sin regularización y sin sanción.
La norma incorpora el principio de buena administración como eje transversal de toda la actuación pública, exigiendo que los derechos de los contribuyentes sean reales y efectivos en la práctica, mediante una atención que combine la confidencialidad, la gratuidad y una personalización adaptada a las necesidades de cada usuario.
Para reforzar la seguridad jurídica, la Administración contestará por escrito y con carácter vinculante las consultas de los contribuyentes. Además, hará la autoliquidación gratis a todo aquel que lo solicite y le acompañará en la presentación y en el pago. Éste podrá consultar su expediente sin pedir cita a través de la Oficina Virtual Tributaria y de una carpeta tributaria individualizada en la que verá en tiempo real cómo van sus gestiones.
La Ley de Defensa del Contribuyente obliga también a usar un lenguaje claro y a revisar periódicamente los formularios, para que cualquier ciudadano entienda lo que recibe sin tener que recurrir a un intermediario. Asimismo, garantiza una atención presencial y gratuita, con mención expresa a los mayores, las personas con discapacidad y quienes están en riesgo de exclusión, para que la digitalización no deje a nadie atrás.