La Comunidad de Madrid presenta el nuevo Plan de Inspección del Transporte 2026


El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha destacado hoy estos datos durante el acto celebrado en la sede de la Consejería, en el que se han señalado también las principales líneas de actuación para el presente ejercicio. “La mayor parte de las supervisiones se desarrollan en ruta y, aunque la cifra es muy parecida a la de 2024, sí se detecta un importante descenso en los vehículos denunciados, pasando de 10.715 a 8.689”, ha incidido.

Rodrigo ha asegurado que “mantener el número de inspecciones mientras descienden las denuncias es un síntoma de que este modelo de control funciona y de que debemos seguir trabajando en esta línea para continuar garantizando los más altos estándares de calidad y seguridad en la región”.

En este sentido, la Dirección General de Transportes y Movilidad realiza intervenciones en carretera y en las propias empresas, tanto de viajeros como de mercancías, para vigilar que se respetan aspectos como los tiempos de descanso o la formación necesaria para la conducción de determinados modelos. En todos los casos, se llevan a cabo en coordinación con Guardia Civil de Tráfico y Policía Municipal de Madrid, así como agentes de otros municipios implicados.

Refuerzo de los controles en el transporte de viajeros

En línea con las inspecciones realizadas en años anteriores, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras continuará en 2026 incidiendo en la importancia de respetar la normativa, poniendo el foco de nuevo en el transporte de viajeros. Así, de cara al presente ejercicio, se hará hincapié en el servicio escolar y en los vehículos VTC.

De esta forma, ya este año se han comprobado más de 1,8 millones de rutas a través del registro digital de VTC, con el objetivo de determinar que los desplazamientos se circunscriben al ámbito permitido por el tipo de licencia, ya sea urbano o interurbano. Además, también se ha vigilado que las 88 empresas que cuentan con diez o más autorizaciones para esta actividad cumplen con el actual reglamento que, desde el 1 de enero de 2025, exige que uno de cada diez automóviles disponibles en sus flotas esté adaptado para personas con movilidad reducida. Únicamente se han detectado siete infracciones relacionadas con esta normativa.

 



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