La Comunidad de Madrid recurre ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que pretende prorrogar el reparto forzoso de menores no acompañados
El Consejo de Gobierno ha conocido el recurso de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, con el que el Gobierno central pretende prorrogar el traslado forzoso de menores no acompañados entre comunidades autónomas. La Abogacía General lo presentó el pasado 1 de septiembre, por encargo de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y ya ha sido admitido a trámite.
Con este Real Decreto, el Ministerio de Juventud e Infancia fijó para este año el número de menores extranjeros no acompañados que puede atender cada comunidad y ciudad autónoma en su sistema de protección, manteniendo el reparto obligatorio iniciado en 2025. Este sistema se estableció mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, recurrido ante el Tribunal Constitucional por diez comunidades autónomas, entre ellas, Madrid.
Con la encomienda conocida, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid mantiene un total de seis actuaciones judiciales para frenar distintas decisiones del Gobierno central en materia migratoria divididas en cuatro bloques relacionados entre sí.
Otro recurso en el Constitucional
Por un lado, la Abogacía General ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025 y ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, por considerar que este sistema invade sus competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social. Además, cuestiona que se haya utilizado un Real Decreto-ley para regular determinadas materias.
El Ejecutivo autonómico también ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo los Reales Decretos 743/2025 y 556/2026, que fijan el número de menores extranjeros no acompañados que deben poder atender los sistemas de protección de las comunidades autónomas. El Ejecutivo regional cuestiona que el Ministerio de Juventud e Infancia establezca esta capacidad aplicando el mecanismo previsto en el Real Decreto-ley 2/2025, cuya constitucionalidad también ha impugnado. El primero de estos decretos desarrolló este sistema en 2025 y el segundo lo aplica este año.
La Comunidad de Madrid también ha emprendido acciones judiciales contra procedimientos concretos de ubicación y traslado de menores a la región y ha solicitado su suspensión. El objetivo es evitar que estos traslados se lleven a cabo mientras esté pendiente de resolución la constitucionalidad del sistema que los regula.
Por último, en materia de asilo y protección internacional, la Abogacía General recurrió ante el Tribunal Supremo, que el pasado mes de diciembre obligó al Gobierno central a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo que se encontraran en la Comunidad de Madrid. El tribunal determinó que su acogida corresponde al Estado, por ser la administración competente en esta materia.